2/8/2005

La jubilación privada genera decepciones en Chile

Hace casi 25 años, Chile se embarcó en un experimento radical que desde entonces ha sido emulado, en una forma o en otra, en una veintena de otros países. En lugar de financiar las pensiones por medio de un sistema en el que trabajadores, empleadores y gobierno contribuyen, se persuadió a millones de personas a aportar el 10 por ciento de su salario a cuentas privadas de inversión que ellas controlan.

Bajo el programa chileno -que el presidente estadounidense George W. Bush ha mencionado como un modelo para sus planes de reformar totalmente la seguridad social-, la promesa fue que tales inversiones, al ayudar a impulsar un crecimiento económico más rápido y generar rendimientos más altos, les aportarían mayores beneficios mensuales por su pensión de los que podía ofrecer el sistema tradicional.

Sin embargo, ahora que está empezando a retirarse la primera generación de trabajadores que dependerá del nuevo sistema, los chilenos se están dando cuenta de que está muy por debajo de lo que se anunció originalmente durante el gobierno autoritario del general Augusto Pinochet.

Seguridad social

A pesar del éxito del programa en términos económicos, el gobierno sigue canalizando miles de millones de dólares hacia una red de seguridad social para las personas que aportaban cantidades que no eran suficientes como para asegurar incluso una pensión mínima que llegara a los 140 dólares mensuales.

Muchos otros -debido a que ganan gran parte de sus ingresos en la economía subterránea, son empleados independientes o sólo trabajan por temporadas- siguen estando fuera del sistema. Combinados, esos grupos constituyen aproximadamente la mitad de la fuerza de trabajo chilena. Y, en efecto, sólo la mitad de los trabajadores chilenos se encuentran dentro del sistema.

Incluso, muchos trabajadores de clase media que contribuyeron con regularidad se están percatando de que sus cuentas privadas -cargadas con tarifas ocultas que pueden haber absorbido algo así como la tercera parte de la inversión original- no están produciendo tantos beneficios como los que habrían recibido si se hubiesen quedado con el sistema viejo.

Por ejemplo, Dagoberto Sáez es un técnico de laboratorio de 66 años de esta ciudad que planea, a causa de un ataque cardíaco reciente, retirarse en marzo. Gana poco menos de 950 dólares al mes, y su fondo de pensiones le ha dicho que sus casi 24 años de aportes van a financiar una anualidad por 20 años de sólo 315 dólares mensuales.

“Colegas y amigos que tienen el mismo nivel de pago que se quedaron en el sistema viejo, gente que trabaja junto a mí”, dijo, “se van a retirar con pensiones de casi 700 dólares al mes, buenos hasta que mueran. Yo tengo un salario que me permite vivir con dignidad, y de repente me van a hundir en la pobreza, todo porque cometí el error de creer las promesas que nos hicieron allá en 1981”.

Debido a que muchos chilenos se encuentran en una situación muy parecida a la de Sáez, la gente sigue recurriendo al gobierno, no a los fondos privados de pensiones, para asegurar su retiro.

“Es evidente que el sistema requiere de una reforma”, dijo Ricardo Scolari, ministro del trabajo y seguridad social. El enfoque actual de Chile basado en los fondos privados de pensiones “tiene fortalezas importantes”, dijo, pero “es absolutamente imposible pensar que un sistema de esta naturaleza va a resolver las necesidades de ingreso de los chilenos cuando lleguen a la vejez”.

En EEUU

Al formular propuestas en Estados Unidos para las cuentas individuales, los defensores de una privatización parcial de la seguridad social han buscado superar algunos de los problemas de Chile. Han sugerido, por ejemplo, establecer límites bajos a las cuotas que se permitirá cobrar a los administradores de los fondos, y seguir proporcionando una parte importante del ingreso para el retiro por medio del sistema tradicional de pagos garantizados.

El programa en Chile difiere del modelo voluntario que está considerando el presidente Bush. La participación en este país no ha sido voluntaria para las personas que se incorporaron a la fuerza de trabajo a partir de 1981.

Por otra parte, Chile tuvo cuidado de acumular un excedente presupuestario de varios años antes de comenzar con su sistema privado, a diferencia de los enormes faltantes en Estados Unidos.

Problemas

El ejemplo chileno también deja en claro que la introducción de cuentas privadas no resuelve una gran cantidad de problemas a los que se enfrentan Estados Unidos, Europa y Japón, donde los sistemas de descuentos al salario siguen siendo el medio principal del apoyo gubernamental para el retiro.

En conjunto, el gobierno chileno ha gastado más de 66 mil millones de dólares en prestaciones de seguridad social desde que se introdujo la privatización en 1981. A pesar de las proyecciones iniciales en el sentido de que ese sistema sería autosuficiente ya para ahora, el gasto en pensiones suma más de una cuarta parte del presupuesto nacional, casi tanto como el gasto en educación y en salud juntos.

De cara a la posibilidad de que esa brecha continúe o, dijo Scolari, “quizás incluso se amplíe”, el gobierno de este país ahora está contemplando una nueva ronda de cambios a las pensiones. Las sugerencias que han estado en el aire incluyen muchas de las que también se están considerando en Estados Unidos y Europa, como la reducción de prestaciones o establecer una mayor edad para el retiro.

Esos problemas han surgido a pesar de algo en lo que todos aquí están de acuerdo, que es la principal fortaleza del sistema privatizado: un promedio del 10 por ciento anual en rendimientos sobre las inversiones. Los fondos de pensiones han obtenido esos resultados en gran medida por la compra de acciones y bonos corporativos y gubernamentales, que han ayudado a dinamizar la expansión económica que le ha dado a Chile el índice de crecimiento más alto en América Latina durante los últimos 20 años.

“El gran éxito del sistema es su alto índice de ganancia, más del doble de lo que se proyectó inicialmente”, dijo Guillermo Arthur Errázuriz, director ejecutivo de la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones.