A dicom deudas por faltas en autopistas
Parlamentarios PPD presentaron denuncia ante el Juzgado de Policía Local de Santiago por cobro abusivo, luego que la concesionaria resolviera facturar el detalle de uso de la vía.
Los diputados Eugenio Tuma y Enrique Accorsi (PPD), junto a la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), presentaron una denuncia en el Cuarto Juzgado de Policía Local de Santiago contra la concesionaria Autopista Central por cobro abusivo, al facturar el detalle de uso de las nuevas vías.
Tuma consideró que la medida "está vulnerando algunos derechos, que nosotros no vamos a aceptar y que lamentablemente están internalizados en muchas empresas de servicios masivos y puntualmente, en este caso, es la concesionaria Autopista Central la cual no está cumpliendo con la Ley del Consumidor “.
“Se nos informa, a través de la circular a todos los usuarios, que a contar del segundo mes de emitida la cobranza o facturación, el detalle de los cargos por concepto de este servicio tendrá un costo adicional de 0,018 UTM; es decir $547, lo que constituye una vulneración de los derechos de los usuarios referida a la información mínima que deben tener cuando cancelan un servicio”, argumentó el legislador al referirse al contenido de la denuncia formulada en tribunales.
El parlamentario informó que esta denuncia la realiza en su calidad de usuario de la Autopista Central, y aseguró que cuenta con el respaldo de la agrupación de abogados del PPD, encabezada por Tomas Fabres.
“Básicamente es un reclamo ante el Juzgado de Policía Local para que el tribunal se pronuncie sobre la nulidad de ciertas cláusulas impropias, abusivas e ilegales” comentó el legislador.
Tuma agregó que la concesionaria se ha adjudicado la construcción y la administración de la vía durante un largo periodo y su rentabilidad es generada por esta actividad principal “y no por una forma de lucrarse con el cobro de una información que debe constituir una obligación para el prestador, ya que con ello se vulneran los derechos de los consumidores o usuarios al no entregar información mínima”.
Asimismo, sostuvo que no se ha entregado copia del contrato, “que si bien una parte de él es el convenio de uso de las televías, y que fue proporcionado al momento de la firma, no lo fueron sus condiciones generales donde están contenidas las normas que establecen este cobro indebido”.
“Estamos solicitando en esta demanda la nulidad de normas contractuales que establecen que, antes que el usuario pueda recurrir al Juzgado de Policía Local, tenga necesariamente que cumplir con el requisito de un arbitraje, que por sí mismo constituye una barrera para acceder a la justicia, ya que raramente un usuario va a disponer de recursos y tiempo para que se solicite cumplir con este requisito”, indicó Tuma.
En este sentido, agregó que “primero se debe presentar un escrito a la Corte de Apelaciones y esto va a distribución a los tribunales para que a su vez ellos designen un árbitro, contraviniendo expresamente la legislación que establece la incompatibilidad de arbitrajes cuando los temas son de competencia de los juzgados de policía local”.
Asimetría
El parlamentario reclamó también por la falta de simetría en el tratamiento a los usuarios “puesto que se está facultando al proveedor del servicio para informar de la morosidad a Dicom, sin que el usuario tenga la posibilidad de saber cuándo el proveedor, por distintas razones, pueda estar debiendo una devolución incumplida a los usuarios de esta concesionaria”.
Los legisladores postularon que los reclamos que los usuarios puedan hacer van a quedar fuera de plazo, por cuanto sólo tienen quince días desde que se hizo el cobro para presentar el reclamo. Sin embargo, la concesionaria se toma un plazo de 90 días para informar en detalle de estos cobros, lo que inhabilita el derecho de reclamar por errores en la transacción.
“Hacemos un llamado a los usuarios de esta concesionaria a adherirse a esta demanda, enviando sus emails al correo comppd@congreso.cl, para que nuestros abogados tomen contacto con los usuarios a objeto de representar debidamente sus derechos”, planteó Accorsi.
Los diputados PPD explicaron que dichas denuncias servirán para que en el mes de marzo se pueda dar cumplimiento a los requisitos que establece la Ley del Consumidor, a fin de presentar una demanda colectiva respecto de la vulneración de los derechos de todos los usuarios. “Lo hacemos para que se siente un precedente y para que en este tipo de servicios exista un cobro justo y transparente entre los prestadores del servicio y los usuarios”, recalcó Tuma.
Los diputados Eugenio Tuma y Enrique Accorsi (PPD), junto a la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), presentaron una denuncia en el Cuarto Juzgado de Policía Local de Santiago contra la concesionaria Autopista Central por cobro abusivo, al facturar el detalle de uso de las nuevas vías.
Tuma consideró que la medida "está vulnerando algunos derechos, que nosotros no vamos a aceptar y que lamentablemente están internalizados en muchas empresas de servicios masivos y puntualmente, en este caso, es la concesionaria Autopista Central la cual no está cumpliendo con la Ley del Consumidor “.
“Se nos informa, a través de la circular a todos los usuarios, que a contar del segundo mes de emitida la cobranza o facturación, el detalle de los cargos por concepto de este servicio tendrá un costo adicional de 0,018 UTM; es decir $547, lo que constituye una vulneración de los derechos de los usuarios referida a la información mínima que deben tener cuando cancelan un servicio”, argumentó el legislador al referirse al contenido de la denuncia formulada en tribunales.
El parlamentario informó que esta denuncia la realiza en su calidad de usuario de la Autopista Central, y aseguró que cuenta con el respaldo de la agrupación de abogados del PPD, encabezada por Tomas Fabres.
“Básicamente es un reclamo ante el Juzgado de Policía Local para que el tribunal se pronuncie sobre la nulidad de ciertas cláusulas impropias, abusivas e ilegales” comentó el legislador.
Tuma agregó que la concesionaria se ha adjudicado la construcción y la administración de la vía durante un largo periodo y su rentabilidad es generada por esta actividad principal “y no por una forma de lucrarse con el cobro de una información que debe constituir una obligación para el prestador, ya que con ello se vulneran los derechos de los consumidores o usuarios al no entregar información mínima”.
Asimismo, sostuvo que no se ha entregado copia del contrato, “que si bien una parte de él es el convenio de uso de las televías, y que fue proporcionado al momento de la firma, no lo fueron sus condiciones generales donde están contenidas las normas que establecen este cobro indebido”.
“Estamos solicitando en esta demanda la nulidad de normas contractuales que establecen que, antes que el usuario pueda recurrir al Juzgado de Policía Local, tenga necesariamente que cumplir con el requisito de un arbitraje, que por sí mismo constituye una barrera para acceder a la justicia, ya que raramente un usuario va a disponer de recursos y tiempo para que se solicite cumplir con este requisito”, indicó Tuma.
En este sentido, agregó que “primero se debe presentar un escrito a la Corte de Apelaciones y esto va a distribución a los tribunales para que a su vez ellos designen un árbitro, contraviniendo expresamente la legislación que establece la incompatibilidad de arbitrajes cuando los temas son de competencia de los juzgados de policía local”.
Asimetría
El parlamentario reclamó también por la falta de simetría en el tratamiento a los usuarios “puesto que se está facultando al proveedor del servicio para informar de la morosidad a Dicom, sin que el usuario tenga la posibilidad de saber cuándo el proveedor, por distintas razones, pueda estar debiendo una devolución incumplida a los usuarios de esta concesionaria”.
Los legisladores postularon que los reclamos que los usuarios puedan hacer van a quedar fuera de plazo, por cuanto sólo tienen quince días desde que se hizo el cobro para presentar el reclamo. Sin embargo, la concesionaria se toma un plazo de 90 días para informar en detalle de estos cobros, lo que inhabilita el derecho de reclamar por errores en la transacción.
“Hacemos un llamado a los usuarios de esta concesionaria a adherirse a esta demanda, enviando sus emails al correo comppd@congreso.cl, para que nuestros abogados tomen contacto con los usuarios a objeto de representar debidamente sus derechos”, planteó Accorsi.
Los diputados PPD explicaron que dichas denuncias servirán para que en el mes de marzo se pueda dar cumplimiento a los requisitos que establece la Ley del Consumidor, a fin de presentar una demanda colectiva respecto de la vulneración de los derechos de todos los usuarios. “Lo hacemos para que se siente un precedente y para que en este tipo de servicios exista un cobro justo y transparente entre los prestadores del servicio y los usuarios”, recalcó Tuma.
Deudas