Debate en Chile sobre punto final amenaza desbordar las fronteras
La acción coordinada del Gobierno y la Corte Suprema de Chile para acelerar en los triubanales procesos por violaciones a los derechos humanos calentó el debate interno y amenaza hoy con desbordar las fronteras nacionales.
La medida, que por vías paralelas busca poner punto final a los juicios en curso contra más de 300 ex represores de la dictadura, fue acogida con regocijo por los militares, pero fuertemente repudiada por abogados, familiares de las víctimas y amplios sectores políticos.
En una ofensiva conjunta, grupos de derechos humanos, parlamentarios y sectores políticos de la izquierda se mostraron dispuestos hoy a efectuar todo lo que esté a su alcance con tal de detener lo que consideran un "nuevo intento de impunidad".
Tras fuertes presiones del jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, y sectores del gobierno interesados en poner fin al debate sobre derechos humanos en Chile, la Corte Suprema ordenó a los jueces el martes cerrar los sumarios que no tengan dictamen en seis meses.
El Gobierno, por su parte, formalizó ayer la presentación de un proyecto de ley que incorpora los casos de derechos humanos a la reforma procesal en curso y da a los jueces dos años para terminar los procesos.
Ambas iniciativas fueron calificadas como "arbitrarias e ilegales" por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), organismo que hoy presentará un recurso de protección en la Corte de Apelaciones para revertir la resolución de la Suprema.
"No vamos a aceptar esta nueva maniobra política y vamos a desenmascarar a todos aquellos que buscan la impunidad. Una vez más el Poder Judicial, se pone del lado de los victimarios y es cómplice de los crímenes", dijo Lorena Pizarro, presidenta de esa organización.
La AFDD adelantó que si la acción no es acogida, acusará constitucionalmente a los ministros que apoyaron el acuerdo y llevarán el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En el marco de la acción fuera de fronteras, la directiva de la AFDD anunció, además, que iniciará una campaña para boicotear la candidatura del ministro del Interior, José Miguel Insulza, como secretario general de la OEA.
Como jefe de Gabinete, Insulza es el enlace del gobierno del presidente Ricardo Lagos con el Parlamento y el encargado de coordinar todas las propuestas del Ejecutivo en ese ámbito.
"No podemos permitir que quien propicia la impunidad pretenda dirigir una organización que debe velar por la Justicia", dijo Mireya García al referirse al fuerte cabildeo del titular chileno a favor de la iniciativa gubernamental.
En opinión de la jurista Carmen Hertz "la resolución es inconstitucional, violenta toda la legalidad nacional en relación con los procedimientos criminales, y por cierto también la legalidad internacional".
Los diputados socialistas Isabel Allende, Sergio Aguiló y Juan Bustos se sumaron a las críticas contra el acuerdo de la Suprema y a que la también denominada "ley de empalme" considere estas causas.
"Nos oponemos absolutamente a este acuerdo de la Corte Suprema y por cierto que no estamos de acuerdo con el empalme de las causas de Derechos Humanos", aseveró Allende.
Una opinión similar manifestó el presidente de la Cámara Baja, Gabriel Ascencio (DC), quien dijo esperar que la Suprema reconsidere la decisión, que a su juicio se produce cuando hay avance en estas causas.
El Partido Comunista también reafirmó hoy que se opondrá categóricamente a que en Chile se entronice la impunidad para los criminales de la dictadura militar.
La medida, que por vías paralelas busca poner punto final a los juicios en curso contra más de 300 ex represores de la dictadura, fue acogida con regocijo por los militares, pero fuertemente repudiada por abogados, familiares de las víctimas y amplios sectores políticos.
En una ofensiva conjunta, grupos de derechos humanos, parlamentarios y sectores políticos de la izquierda se mostraron dispuestos hoy a efectuar todo lo que esté a su alcance con tal de detener lo que consideran un "nuevo intento de impunidad".
Tras fuertes presiones del jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, y sectores del gobierno interesados en poner fin al debate sobre derechos humanos en Chile, la Corte Suprema ordenó a los jueces el martes cerrar los sumarios que no tengan dictamen en seis meses.
El Gobierno, por su parte, formalizó ayer la presentación de un proyecto de ley que incorpora los casos de derechos humanos a la reforma procesal en curso y da a los jueces dos años para terminar los procesos.
Ambas iniciativas fueron calificadas como "arbitrarias e ilegales" por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), organismo que hoy presentará un recurso de protección en la Corte de Apelaciones para revertir la resolución de la Suprema.
"No vamos a aceptar esta nueva maniobra política y vamos a desenmascarar a todos aquellos que buscan la impunidad. Una vez más el Poder Judicial, se pone del lado de los victimarios y es cómplice de los crímenes", dijo Lorena Pizarro, presidenta de esa organización.
La AFDD adelantó que si la acción no es acogida, acusará constitucionalmente a los ministros que apoyaron el acuerdo y llevarán el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En el marco de la acción fuera de fronteras, la directiva de la AFDD anunció, además, que iniciará una campaña para boicotear la candidatura del ministro del Interior, José Miguel Insulza, como secretario general de la OEA.
Como jefe de Gabinete, Insulza es el enlace del gobierno del presidente Ricardo Lagos con el Parlamento y el encargado de coordinar todas las propuestas del Ejecutivo en ese ámbito.
"No podemos permitir que quien propicia la impunidad pretenda dirigir una organización que debe velar por la Justicia", dijo Mireya García al referirse al fuerte cabildeo del titular chileno a favor de la iniciativa gubernamental.
En opinión de la jurista Carmen Hertz "la resolución es inconstitucional, violenta toda la legalidad nacional en relación con los procedimientos criminales, y por cierto también la legalidad internacional".
Los diputados socialistas Isabel Allende, Sergio Aguiló y Juan Bustos se sumaron a las críticas contra el acuerdo de la Suprema y a que la también denominada "ley de empalme" considere estas causas.
"Nos oponemos absolutamente a este acuerdo de la Corte Suprema y por cierto que no estamos de acuerdo con el empalme de las causas de Derechos Humanos", aseveró Allende.
Una opinión similar manifestó el presidente de la Cámara Baja, Gabriel Ascencio (DC), quien dijo esperar que la Suprema reconsidere la decisión, que a su juicio se produce cuando hay avance en estas causas.
El Partido Comunista también reafirmó hoy que se opondrá categóricamente a que en Chile se entronice la impunidad para los criminales de la dictadura militar.
Deudas