Anuncian en Chile campaña de denuncia contra ley de punto final
Abogados de derechos humanos y familiares de victimas de la dictadura anunciaron hoy el inicio de una campaña internacional contra la aprobación en Chile de una ley de "punto final" en los derechos humanos.
La medida responde al acuerdo de la Corte Suprema de fijar un plazo de apenas seis meses para poner fin a los procesos en marcha por estas causas y un proyecto gubernamental que busca por la vía legislativa los mismos propósitos.
En el apoyo a ambas iniciativas parecen coincidir una intrincada y extraña alianza de interés donde convergen altos mandos militares, el gobierno, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la oposición de extrema derecha y ahora el poder judicial.
Al contrario se expresaron abogados y familiares de las víctimas de los crímenes cometidos por agentes de la dictadura, congresistas, organizaciones sociales y sectores políticos de la izquierda y progresistas.
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), dijo hoy que rechaza la medida "por ilegítima y por atentar contra los ofendidos, privilegiando a los ofensores".
Calificó de altamente sospechoso el nivel de coordinación entre los poderes judicial y ejecutivo para acelerar los procesos y dijo que su objetivo, a no dudarlo, es una "ley de punto final" para terminar con más de 300 procesos en cursos por violaciones a los derechos humanos.
La AFDD anunció varias medidas para detener esas iniciativas, incluidas una acusación de abandono de deberes por parte de los jueces supremos y un recurso de protección que, de ser rechazado, será presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Advirtió que iniciarán una campaña nacional e internacional para que el ministro del Interior, José Miguel Insulza, al que acusan de articular maquiavélicamente la ley, no sea elegido secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Por su parte, la abogada de Derechos Humanos Carmen Hertz calificó de inconstitucional la fijación de un plazo de seis meses para cerrar las causas de derechos humanos.
"La Corte Suprema no tiene facultad alguna basada en ningún articulo de nuestra Constitución o procedimiento penal para ordenar a los jueces cerrar sumarios de seis meses", manifestó la jurista tras de la decisión dada a conocer al martes por esa instancia.
A las protestas se han unido también el Partido Socialista y la mayor parte de los congresistas que integran el bloque oficialista.
Los diputados Juan Bustos, Isabel Allende y Sergio Aguiló dijeron que el poder judicial se arroga atribuciones que no le corresponden.
Las iniciativas del gobierno y el poder judicial coincidieron con las quejas del ejército y de ex represores de la dictadura militar por la prolongación de los juicios, que abogados querellantes atribuyen a la negativa de los uniformados a cooperar con la justicia.
Las críticas se reactivaron tras el suicidio el 17 de enero del coronel jubilado Germán Barriga, quien dejó una carta explicando que se suicidó acosado por cuatro juicios, por el desempleo y la denuncia pública de su condición de ex agente represivo.
Mientras tanto, aunque con diferentes matices, los candidatos presidenciales del gobierno y la oposición coincidieron en la necesidad de apurar los juicios, aunque se pronunciaron en contra de la aplicación de una ley de impunidad.
La medida responde al acuerdo de la Corte Suprema de fijar un plazo de apenas seis meses para poner fin a los procesos en marcha por estas causas y un proyecto gubernamental que busca por la vía legislativa los mismos propósitos.
En el apoyo a ambas iniciativas parecen coincidir una intrincada y extraña alianza de interés donde convergen altos mandos militares, el gobierno, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la oposición de extrema derecha y ahora el poder judicial.
Al contrario se expresaron abogados y familiares de las víctimas de los crímenes cometidos por agentes de la dictadura, congresistas, organizaciones sociales y sectores políticos de la izquierda y progresistas.
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), dijo hoy que rechaza la medida "por ilegítima y por atentar contra los ofendidos, privilegiando a los ofensores".
Calificó de altamente sospechoso el nivel de coordinación entre los poderes judicial y ejecutivo para acelerar los procesos y dijo que su objetivo, a no dudarlo, es una "ley de punto final" para terminar con más de 300 procesos en cursos por violaciones a los derechos humanos.
La AFDD anunció varias medidas para detener esas iniciativas, incluidas una acusación de abandono de deberes por parte de los jueces supremos y un recurso de protección que, de ser rechazado, será presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Advirtió que iniciarán una campaña nacional e internacional para que el ministro del Interior, José Miguel Insulza, al que acusan de articular maquiavélicamente la ley, no sea elegido secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Por su parte, la abogada de Derechos Humanos Carmen Hertz calificó de inconstitucional la fijación de un plazo de seis meses para cerrar las causas de derechos humanos.
"La Corte Suprema no tiene facultad alguna basada en ningún articulo de nuestra Constitución o procedimiento penal para ordenar a los jueces cerrar sumarios de seis meses", manifestó la jurista tras de la decisión dada a conocer al martes por esa instancia.
A las protestas se han unido también el Partido Socialista y la mayor parte de los congresistas que integran el bloque oficialista.
Los diputados Juan Bustos, Isabel Allende y Sergio Aguiló dijeron que el poder judicial se arroga atribuciones que no le corresponden.
Las iniciativas del gobierno y el poder judicial coincidieron con las quejas del ejército y de ex represores de la dictadura militar por la prolongación de los juicios, que abogados querellantes atribuyen a la negativa de los uniformados a cooperar con la justicia.
Las críticas se reactivaron tras el suicidio el 17 de enero del coronel jubilado Germán Barriga, quien dejó una carta explicando que se suicidó acosado por cuatro juicios, por el desempleo y la denuncia pública de su condición de ex agente represivo.
Mientras tanto, aunque con diferentes matices, los candidatos presidenciales del gobierno y la oposición coincidieron en la necesidad de apurar los juicios, aunque se pronunciaron en contra de la aplicación de una ley de impunidad.
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